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¿Su empresa tiene al menos diez años en El Salvador? La expansión de sus operaciones podría acceder a incentivos tributarios
Expandir una empresa requiere mucho más que una decisión comercial. La apertura de una nueva línea de producción, la construcción de una planta, la adquisición de maquinaria o el desarrollo de infraestructura logística implican inversiones importantes que deben analizarse desde una perspectiva financiera, operativa, tributaria y legal.
Desde enero de 2026, El Salvador cuenta con la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, una normativa dirigida a incentivar el crecimiento de determinadas operaciones productivas que ya se encuentran establecidas en el país.
El régimen permite que algunas empresas con al menos diez años de operación accedan a créditos tributarios sobre el Impuesto sobre la Renta y a otros beneficios, siempre que la inversión represente una expansión real y se cumplan las condiciones establecidas por la ley.
Sin embargo, el beneficio no es automático. Antes de ejecutar el proyecto, la empresa debe determinar si su actividad, el monto de la inversión y los activos que pretende adquirir pueden calificar dentro del régimen.
¿Cuál es el objetivo de esta ley?
La Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones fue aprobada mediante el Decreto Legislativo número 498, de fecha 14 de enero de 2026, y publicada en el Diario Oficial número 10, Tomo 450, del 16 de enero del mismo año.
Su finalidad es establecer regulaciones especiales e incentivos tributarios para promover la ampliación de inversiones que ya operan en El Salvador y que pueden aportar al crecimiento de la economía. A diferencia de otros regímenes orientados principalmente a atraer nuevas empresas, esta normativa reconoce que las sociedades que ya llevan varios años instaladas en el país también pueden generar empleo, aumentar la capacidad productiva, introducir tecnología y fortalecer las cadenas de suministro mediante nuevos proyectos de inversión.
¿Quiénes pueden acceder al régimen?
La ley puede aplicarse a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplan dos condiciones esenciales:
Primero, deben contar con una antigüedad mínima comprobable de diez años de operación en El Salvador.
Segundo, deben desarrollar una inversión destinada a ampliar o fortalecer sus operaciones productivas dentro de alguno de los sectores comprendidos por la normativa.
Por lo tanto, la sola existencia de una sociedad inscrita hace más de diez años no necesariamente será suficiente. La empresa deberá poder demostrar que ha mantenido operaciones reales en el país y que el nuevo proyecto constituye una expansión de su actividad.
¿Qué sectores están comprendidos?
La normativa está dirigida principalmente a actividades de manufactura y transformación. Entre los sectores que pueden aplicar se encuentran:
- Textil y confección.
- Agroindustria.
- Alimentos y bebidas.
- Autopartes.
- Electrónica.
- Productos plásticos.
- Calzado.
- Productos químico-farmacéuticos.
- Productos para la construcción.
- Fabricación de papel y productos de papel.
La empresa debe verificar que su actividad económica efectiva se encuentra dentro de los sectores autorizados. No basta con que el objeto social contenido en la escritura de constitución mencione una actividad determinada si, en la práctica, la sociedad no desarrolla operaciones productivas relacionadas con ella.
¿Qué puede considerarse una inversión de expansión?
La ley reconoce distintas modalidades de expansión. Entre ellas se encuentran las inversiones destinadas a:
- Incorporar nuevas líneas de producción en instalaciones existentes o en nuevas ubicaciones.
- Adquirir o construir infraestructura para nuevos centros de producción, manufactura o transformación.
- Desarrollar infraestructura logística, de almacenamiento o distribución vinculada directamente con el proceso productivo o la cadena de suministro.
- Adquirir maquinaria, equipo industrial, equipo tecnológico o flotas de transporte propiedad del beneficiario.
- Crear centros de investigación, desarrollo e innovación asociados con procesos industriales o tecnológicos.
- Construir infraestructura destinada al procesamiento de materias primas o a la transformación de bienes intermedios.
- Desarrollar infraestructura física o tecnológica que incremente la capacidad productiva de la empresa.
La característica común es que la inversión debe producir un crecimiento verificable de las operaciones. El régimen no está diseñado para beneficiar el simple reemplazo de activos deteriorados ni una reorganización interna que no aumente la capacidad productiva.
Por ejemplo, sustituir una máquina antigua por otra de características equivalentes podría no constituir, por sí solo, una expansión. En cambio, adquirir maquinaria adicional para habilitar una nueva línea de producción o aumentar sustancialmente el volumen de fabricación podría formar parte de un proyecto elegible.
¿Cuáles son los beneficios tributarios?
El principal incentivo consiste en un crédito tributario acreditable contra el Impuesto sobre la Renta, calculado sobre la inversión de capital destinada al proyecto de expansión.
La ley establece tres rangos:
- Para inversiones desde $1,000,000.00 hasta $10,000,000.00, el crédito tributario equivale al 10 % de la inversión.
- Para inversiones desde $10,000,000.01 hasta $20,000,000.00, el crédito equivale al 20 %.
- Para inversiones superiores a $20,000,000.00, el crédito equivale al 30 % de la inversión.
El crédito puede utilizarse durante un plazo de hasta diez años, con posibilidad de una prórroga por un periodo equivalente, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.
El crédito no elimina automáticamente el Impuesto sobre la Renta
Uno de los puntos más importantes es que el crédito tributario no puede aplicarse indistintamente contra toda la obligación anual de la empresa.
La cantidad acreditable durante cada ejercicio fiscal se limita al excedente que resulte después de tomar como referencia el mejor resultado de Impuesto sobre la Renta declarado y computado por el beneficiario durante los diez ejercicios fiscales anteriores, ajustado conforme al último dato de inflación anual emitido por el Banco Central de Reserva.
En términos prácticos, el régimen pretende incentivar el crecimiento generado por la expansión, pero preserva una base histórica de tributación de la empresa. El crédito que no pueda utilizarse en un ejercicio puede acumularse durante el plazo autorizado. No obstante, no es transferible a otra empresa ni se convierte automáticamente en un reembolso en efectivo al finalizar el periodo.
Por esa razón, antes de presentar un proyecto es indispensable realizar una proyección tributaria. Una inversión puede calificar por su naturaleza y monto, pero la capacidad real de aprovechar el crédito dependerá también de los resultados fiscales futuros de la empresa.
Exención en la adquisición de inmuebles
La ley contempla además una exención total del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces para la adquisición de inmuebles destinados al proyecto de expansión.
Para conservar este beneficio, el inmueble debe utilizarse para la finalidad autorizada y permanecer en propiedad del beneficiario durante un plazo mínimo de cinco años. El incumplimiento de esta condición puede generar la obligación de pagar el tributo que inicialmente fue exonerado. Esto hace necesario revisar no solo la compraventa, sino también el destino del inmueble, la estructura mediante la cual será adquirido y las restricciones que asumiría la empresa al acogerse al régimen.
¿El beneficio se concede automáticamente?
No. La empresa debe obtener un Acuerdo de Calificación emitido por el Ministerio de Economía. La solicitud debe estar respaldada por documentación que permita comprobar la antigüedad de las operaciones, la naturaleza productiva de la empresa, el monto de la inversión, los activos que formarán parte del proyecto y el aumento de capacidad que se pretende alcanzar.
La aplicación del régimen en materia de inversión corresponde al Ministerio de Economía, mientras que la vigilancia y el control fiscal corresponden al Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Impuestos Internos. Ambas instituciones pueden efectuar inspecciones y controles para verificar el cumplimiento de las condiciones autorizadas.
La empresa debe preparar un expediente coherente desde las perspectivas legal, financiera y técnica. Las proyecciones de inversión deben coincidir con los contratos, permisos, estados financieros, cronogramas, adquisiciones e infraestructura que serán ejecutados.
¿Cuándo debe comenzar a operar el proyecto?
Los proyectos calificados deben iniciar operaciones dentro de un plazo máximo de dieciocho meses, contado desde la calificación otorgada por el Ministerio de Economía, salvo que exista una causa debidamente justificada. El incumplimiento de este plazo puede ser causal de revocatoria de la calificación.
Por ello, la empresa debe presentar un proyecto que sea jurídicamente elegible, pero también financiera y operativamente ejecutable dentro del plazo establecido. Un retraso en la adquisición del inmueble, la importación de maquinaria, la obtención de permisos o la construcción de instalaciones podría comprometer el beneficio si no se administra correctamente.
¿Qué empresas están excluidas?
La ley contiene exclusiones que deben revisarse desde el inicio.
Entre ellas se encuentran determinados casos en los que la persona natural o jurídica ya se encuentra amparada por otros incentivos tributarios. También se establecen restricciones relacionadas con sociedades cuyos socios o accionistas hayan estado vinculados con personas jurídicas a las que se les revocaron beneficios fiscales por incumplimientos legales.
Esta revisión debe comprender no solo a la sociedad solicitante, sino también sus antecedentes fiscales, su estructura accionaria y los posibles regímenes especiales de los que actualmente sea beneficiaria.
¿Qué debe revisar una empresa antes de invertir?
Antes de adquirir maquinaria, comprar un inmueble o iniciar una ampliación, recomendamos evaluar:
- La antigüedad comprobable de las operaciones.
- La actividad productiva efectivamente desarrollada.
- La inclusión del sector dentro de la ley.
- La naturaleza de los activos que se adquirirán.
- El aumento de capacidad que generará el proyecto.
- El monto total de la inversión.
- La situación tributaria y corporativa de la empresa.
- La existencia de otros incentivos fiscales.
- Los permisos requeridos para ejecutar y operar el proyecto.
- La capacidad de iniciar operaciones dentro del plazo legal.
- La proyección del Impuesto sobre la Renta y el aprovechamiento efectivo del crédito.
La revisión debe realizarse antes de comprometer la inversión. El momento en el que se contratan las obras, se adquieren los activos y se presenta la solicitud puede influir en la documentación y elegibilidad del proyecto.
La Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones constituye una oportunidad para empresas nacionales y extranjeras que llevan años operando en El Salvador y están considerando ampliar su capacidad productiva. Sin embargo, el incentivo fiscal es solo uno de los componentes del proyecto. Una expansión también requiere revisar la estructura corporativa, los contratos de adquisición y construcción, los permisos administrativos y sanitarios, la importación de maquinaria, el financiamiento, las obligaciones laborales y la planificación tributaria.
Una inversión correctamente estructurada permite reducir contingencias y aumentar las posibilidades de aprovechar los beneficios disponibles.
En Legal Spot acompañamos a empresas e inversionistas en la evaluación, estructuración y ejecución legal de proyectos de expansión en El Salvador.
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